El representante del Ministerio Público Fiscal, la querella y la defensa habían llegado a un acuerdo para que a través de un juicio abreviado se cerrase el caso conocido como el “Crimen de las flores”. Incluso, los padres de la víctima habían aceptado las disculpas del autor del homicidio. Sin embargo la jueza interviniente no homologó el convenio y todo quedó como estaba.
El 26 de mayo, el Renault Clio conducido por José Luis Morales (25 años) y en el que también se trasladaban Luciano Giudice (24) y Esteban Darío Brito Chía (25), se detuvo en España al 800. Habían concurrido hasta ese lugar para adquirir unos 300 gramos de marihuana que tenía en venta Santiago Hayward.
El vendedor, al enterarse que los compradores estaban esperando, salió de su casa para cerrar la operación. Le pidió a su hermano Mariano que lo acompañara. A los minutos, se produjo una pelea que terminó a los disparos. Al haber resultado herido Brito Chía, sus amigos lo llevaron al Centro de Salud donde murió horas después.
Al ser entrevistados, los compañeros en un primer momento dijeron que habían sido asaltados por motochorros que les dispararon. Luego terminaron reconociendo que la muerte de su amigo se había registrado en una fallida operación de compra de droga. A los pocos días, se entregaron los hermanos Hayward.
Distintas etapas
Después de más de tres meses de investigación, los defensores Alejandro Biagosch y Patricio Char apostaron a solucionar el conflicto a través de un juicio abreviado. La propuesta fue aprobada por la Unidad Fiscal de Homicidios II que conduce Carlos Sale y por la familia de Brito Chía, que estaba representada por José María Molina.
Ayer se realizó la audiencia para homologar el acuerdo al que habían arribado. El auxiliar fiscal Juan Pablo Godoy comenzó a explicar la teoría del caso. Por ejemplo, dijo que Brito Chía y sus compañeros desde un primer momento pactaron la compra sabiendo que se la robarían. Y eso es lo que terminó sucediendo.
El trío llegó hasta España al 800 para adquirir la sustancia. Santiago salió de su casa con una bolsa negra donde se encontraban las flores, acompañado por su hermano Mariano. El primero ingresó al auto, Giudice tomó la bolsa y se la pasó a Brito Chía. Según Godoy, la víctima sacó un arma de juguete y amenazó al vendedor. Mariano, al observar lo que estaba sucediendo, realizó cinco disparos de los cuales cuatro impactaron en el cuerpo del fallecido. Luego huyeron rápidamente.
Después de dar a conocer la hipótesis, el auxiliar fiscal comentó a argumentar qué papel había tenido cada uno de los acusados que, a esta audiencia, habían llegado acusados de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. “Después de haber analizados las pruebas recolectadas hasta el momento, entre las que se destacan las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad y varios testimonios, consideramos que se debe realizar otra imputación”, explicó.
En el caso de Mariano Hayward, pidió que se lo condene a tres años condicional por encontrarlo culpable de homicidio simple por exceso en la legítima defensa. “Si bien es cierto que quedó demostrado que él llevó un arma cargada para acompañar a su hermano en una actividad ilegal, también lo es que Brito Chía le apuntó a Santiago con un arma de fuego que él no sabía que era de plástico”, indicó. “Él observó a su hermano en peligro y disparó para salvarle la vida. No se puede decir que actuó en legítima defensa porque no hubo una provocación por parte de Brito Chía”, agregó.
Para Santiago Hayward directamente solicitó el sobreseimiento. “Quedó demostrado que él estaba en el suelo, porque lo empujaron desde el interior del vehículo, cuando se produjo el disparo”, analizó. Sin embargo, agregó: “de todas maneras quedó involucrado en un caso de comercialización de drogas. Esta fiscalía envió una copia del expediente a la Justicia Federal para que investigara el delito”.
Como era de esperarse, los defensores aceptaron el planteo del representante del MPF. Molina, en nombre Karina Chía y Raúl Brito, padres de la víctima, también se mostraron conformes con el acuerdo. Godoy también le informó a la jueza que, en el convenio arribado, también hubo un acuerdo económico.
La resolución
Tal como estipulan las normas, Mariano Hayward se hizo cargo del crimen y después pidió hablar. ”Les quiero pedir perdón a los padres de Darío. Quiero que sepan que nunca tuve la intención de matarlo. Las cosas se presentaron así. Lo único que hice fue defender a mi hermano. Gracias por haber arribado a este acuerdo porque me dieron otra oportunidad”, declaró. Los Brito Chía aceptaron el pedido de perdón, pero fue Raúl el que le dijo: “espero que no la desaproveches”.
Sin embargo, la jueza María Soledad Hernández rechazó el acuerdo al considerar que no estaba acreditado que Mariano Hayward haya actuado en exceso de la legítima defensa. También consideró que no había los elementos suficientes para sobreseer a su hermano, por lo que solicitó que se continúe la investigación del caso.
La defensa y la querella anunciaron que impugnarán la sentencia. Sin embargo, no se descarta que en los próximos días se redacte un nuevo convenio para que sea analizado por otro magistrado.
De apuro: confirman el arresto domiciliario de uno de los acusados
Al caerse el acuerdo, surgió un problema de última hora: a Mariano Hayward se le vencía la prisión preventiva que venía cumpliendo con la modalidad de arresto domiciliario. El auxiliar fiscal Juan Pablo Godoy había pedido resolver el problema en la misma audiencia, pero la jueza Dolores Hernández decidió inhibirse después de haber resuelto rechazar el juicio abreviado.
Ante esta situación, se resolvió realizar otro debate para cumplimentar con el trámite. La audiencia se realizó pasadas las 16.30 y, en poco más de 20 minutos, el juez Federico Moeykens resolvió prorrogar la preventiva por 30 días más. El detenido explicó que no cuenta con pulsera y que dos veces por día pasan por su casa de Yerba Buena policías para comprobar si está cumpliendo con el arresto.
A Santiago Hayward, el otro acusado por el homicidio de Esteban Darío Brito Chía, ya le habían otorgado la libertad hace más de dos meses. Su situación procesal no se modificó en lo más mínimo, por ahora.